Un cuento chino

I

Luego de haber escuchado las diferentes propuestas para «facilitar el crecimiento y la mejora de la productividad de las empresas», tanto desde el gobierno (ministro de Economía, premier y presidente, incluidos) como desde el sector empresarial, la primera reflexión que me viene a la cabeza es que esto es un cuento chino. Un cuento chino es, según la RAE, un embuste, una mentira disfrazada con artificio. No es cualquier mentira sino, digamos, una mentira hábilmente contada que aparece como verdad incuestionable, pero que a la luz de la razón se evidencia que es una verdad a medias y, por tanto, una falsedad, una falacia. El problema con todo cuento chino es que no solo se cuenta para sorprender y encandilar, sino sobre todo para engañar: al desprevenido, al distraído, al de a pie, al ciudadano que confía en sus representantes y en las instituciones.

Supongo que cuando uno es presidente o premier en algún momento se tiene que imaginar cómo quisiera que sea el Perú. ¿Cómo sueña el señor presidente que debiese ser el Perú? Desde de sus declaraciones y de su actuar en el CADE 2018 lo que sí podemos afirmar es cómo no se imagina que sea el Perú. Lo que el señor presidente no quiere que advirtamos es que su idea de país es, para el ciudadano de a pie, un cuento chino.

En primer lugar, el señor presidente no se imagina un Perú igualitario. Este CADE 2018 ha sido una demostración del enorme poder económico del empresariado peruano que en un fin de semana, en un hotel cinco estrellas, en la paradisíaca Paracas, a 254 kilómetros de Lima, han marcado la agenda del gobierno y decidido el futuro de millones de peruanos de a pie. Sin derramar una gota de sudor ni ensuciarse los zapatos han logrado sus objetivos y hoy enfilan sus baterías –apoyados por abogados, economistas, periodistas– contra derechos que en la historia de la humanidad han sido logros de luchas sociales y han costado, sin eufemismos, vidas humanas. Lo que para unos se obtiene con una conversación en un hotel alrededor de una bebida, para los otros es látigo, bombas lacrimógenas, indiferencia.

En segundo lugar, el señor presidente no se imagina un Perú con instituciones. Al señor presidente no le interesa el Estado de Derecho, las reglas de convivencia, la civilidad. El señor presidente cree que por decreto supremo se puede cambiar no solo las leyes, sino la Constitución solo porque así le interesa a los empresarios. Pero no se trata tanto que el Tribunal Constitucional haya reconocido en el año 2002 la posibilidad de la reposición en el empleo. Lo importante de aquel fallo, señor presidente, no fue en estricto la reposición, sino que una vez reconocida la vigencia del Estado Constitucional de Derecho cualquier acto arbitrario, de cualquier naturaleza, se encuentra proscrito. Y eso señor presidente no puede pretender cambiarlo porque estaría destruyendo el sistema jurídico.

Y en tercer lugar, el señor presidente no se imagina un Perú donde los derechos fundamentales se disfruten. El señor presidente no se imagina un Perú con derechos, con dignidad. La libertad de empresa es un derecho sin duda, pero necesita andar junto con los derechos al trabajo, a las utilidades, a la remuneración equitativa y suficiente, a la protección contra el despido arbitrario, al descanso, a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a la huelga, al debido proceso.

II

El cuento del sector empresarial es el viejo discurso de la flexibilidad y los sobrecostos que no solo tiene el problema de haber sido un discurso implementado en la dictadura fujimorista, sino, sobre todo, porque no se asienta en el interés público, el bien común, sino que enarbola los intereses de acumulación de riqueza del empresariado: una visión de país donde todo el sistema jurídico y los ciudadanos están al servicio de los empleadores, como si solo estos fuesen los creadores de riqueza y los merecedores de su disfrute. Ese es el trasfondo del cuento chino de los empresarios: hacernos creer que están preocupados por los ciudadanos, el empleo, la capacitación, la productividad, cuando lo único que les interesa es hacerse más ricos a costa de los más desfavorecidos. El problema del cuento chino empresarial es que se sostiene en medias verdades; es en estricto y sin ofender a nadie, un engaño adrede.

1. Al empresariado le preocupa que la informalidad reste competitividad a las empresas formales: mientras que las formales tienen que pagar derechos laborales completos, las informales no. ¿Cuál es su propuesta entonces? ¿Que todas sean formales? ¡No! Lo contrario: que no haya derechos laborales para que ahora sí todas (formales o informales) estén en igualdad de condiciones. ¿Es en serio? ¿Nos están diciendo que, por ejemplo, un supermercado sufre competencia desleal de la bodega de la esquina? ¿Son términos comparables? En verdad, lo único que buscan es pagar menos derechos no para evitar la competencia de la bodega, sino para ser «menos costosos» que los mexicanos, los vietnamitas o los chinos.

2. Al empresariado le parece excesivo que en provincias la RMV sea igual a la de Lima. Hay que diferenciarla porque las provincias no son iguales a Lima. Allí el costo de vida es menor. Si en algún punto se muestra la miseria de los empresarios es en este. Que algún peruano pueda tener una RMV mayor a la que necesitaría para subsistir les parece inadecuado, inconveniente, inmoral. Claro, es que ellos beben agua de caño, almuerzan menú de S/ 2.00 en la parroquia y van a pie a sus oficinas. Pero la hipocresía es mayúscula porque luego, sí se comparan con Colombia, Brasil, México, Vietnam, China, Pakistán para decirnos que quieren ser iguales que ellos.

3. El empresariado no quiere reposiciones. Su media verdad es que OIT y el Pacto de San José respaldan que frente al despido arbitrario la regla es el pago de una indemnización. En primer lugar, el Convenio OIT 158 no se encuentra ratificado por el Perú. Con esto es más que suficiente para negar tal respaldo, pero si aun así se insistiese en ello, si bien dicho convenio tiene una inclinación a la indemnización, tampoco es que excluya toda reposición o readmisión en el empleo (cf. artículo 10), más aun cuando admite exclusiones en su ámbito de aplicación (cf. artículo 2). En segundo lugar, la CorteIDH ha reconocido que el derecho a la estabilidad laboral se encuentra protegido en el artículo 26 del Pacto de San José referido a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y lo ha dicho justamente hasta en dos casos contra Perú: Lagos del Campo y Trabajadores Cesados de Petroperú. En el Caso Lagos del Campo, del 31 de agosto de 2017, la Corte ha interpretado (párrafo 149) que el derecho a la estabilidad laboral impone al Estado un conjunto de obligaciones, entre las cuales se encuentra el deber de: «c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional)». En tercer lugar, el inciso d) del artículo 7 del Protocolo de San Salvador dice textualmente lo siguiente: «En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional». La verdad completa es que la indemnización no es la regla. Es una posibilidad de reparación del derecho. Pero la reparación de los derechos fundamentales –y el derecho al trabajo por increíble que parezca lo es– es principalmente la restitución del derecho cuando ello es factible. En cuarto lugar, todos los instrumentos internacionales reconocen que el despido para considerarse válido debe encontrarse sustentado en una causa justa, para lo cual –y este es otro deber anotado por la CorteIDH– «d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos.» ¿Qué significa esto? Que una indemnización de doce sueldos en un proceso judicial que dura treinta y seis meses para reclamarla es negar el acceso a la justicia. Una política laboral cuyo costo es soportado por los trabajadores desnuda una justicia distributiva inequitativa. Más que las reposiciones lo que no soporta el empresariado del CADE es que se les controle sus conductas arbitrarias.

4. El empresariado quiere quince días de vacaciones. Los treinta días actuales (fuera de la microempresa que ya tiene 15 días) les parecen excesivos. Olvidan que el descanso y el ocio es también un derecho humano. Los empresarios nos quieren máquinas. Está bien. ¿Pero qué dan a cambio? ¿Acaso la jornada ordinaria de la mayoría de peruanos es de ocho horas días? ¿Cuánto tiempo pierde un trabajador en desplazarse de su casa al centro de trabajo y viceversa? ¡En este país la regla es trabajar doce horas diarias! Señor presidente, antes de disminuir las vacaciones preocúpese de que los empleadores paguen los sueldos íntegros considerando horas extras. Derogue las leyes que permiten destruir los documentos laborales a los empleadores. Disponga que todos los empleadores entreguen a sus trabajadores los registros diarios de sus marcaciones de ingreso y salida. Después que haga eso, después, hable de reducir las vacaciones.

5. Al empresariado tampoco le gusta el arbitraje potestativo, pero entonces que se desregule la huelga. Y no se olvide que el arbitraje potestativo fue una conquista de los trabajadores peruanos impulsada en el marco del TLC con los Estados Unidos.

6. Al empresariado tampoco le gusta distribuir utilidades entre los trabajadores. Eso no sorprende. No tendría por qué gustarle compartir su riqueza. Pero resulta que tras ella hay un derecho constitucional de larga historia. Y es que quienes ponen su fuerza de trabajo también contribuyen a la generación de la riqueza al punto que se confunde con la propiedad. Un derecho que antes abarcaba la propiedad, las utilidades y la gestión ha sido reducido solo a las utilidades. Respeten por lo menos eso. Está en el artículo 29° de la Constitución.

III

Para que un cuento chino funcione se requieren dos partes: la que cuenta el cuento y la que cree en el cuento. La información, la inteligencia, la educación nos hace menos vulnerables a los cuentos. Si podemos sacar algo bueno de esto es que hoy sabemos muy bien quiénes nos quieren contar el cuento y hasta dónde son capaces de llegar. Y eso nos obliga a estar atentos y a rechazar las propuestas porque sin estabilidad laboral no hay libertad sindical, ni negociación colectiva, pero sobre todo, tampoco habría lucha contra el trabajo forzoso, el trabajo infantil, el acoso sexual, la discriminación por embarazo, por opinión, etc. ¡Basta ya señor presidente, no se deje engañar ni menos aun nos engañe con cuentos chinos!

Lima, 5 de diciembre de 2018.